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Después de la caída del fujimorismo, los peruanos descubrimos una serie de atrocidades que habían permanecido ocultas durante más de 20 años tales como las matanzas de Putis o Umasi, donde campesinos, mujeres, niños y niñas fueron ejecutados por miembros del Ejército Peruano que tenían la obligación de defenderlos de los crímenes de Sendero Luminoso. Ahora se quiere mantener en la impunidad esos delitos de agentes del Estado mediante los Decretos Legislativos que el gobierno del Presidente Alan García ha emitido.
El gobierno nos quiere devolver, así, a los días más oscuros del autoritarismo abriendo las puertas de las cárceles a los violadores de derechos humanos que cometieron sus crímenes hasta antes del 2003, pues estos decretos permiten archivar sus casos apelando a lo prolongado de sus procesos penales. A nadie escapa, sin embargo, que dicha extensión se debe a la falta de cooperación del Ministerio de Defensa y a interminables maniobras dilatorias de los propios acusados.
Estas normas también permitirán a las Fuerzas Armadas actuar en el control de protestas sociales y resolver fuera del alcance del Poder Judicial cualquier delito que sus miembros cometan en ese campo. Esto confirma la tendencia a la represión y la impunidad con la que el actual gobierno ha actuado en diversos escenarios de conflicto social.
Frente a este agravio a la ciudadanía:
Exigimos que el Congreso de la República derogue inmediatamente estos decretos y que los jueces que llevan causas de derechos humanos los declaren inaplicables por ir en contra de las garantías del Estado de Derecho.
Advertimos que estos decretos pondrán al Perú en una situación de paria ante la comunidad internacional, como ocurrió durante el fujimorismo, y abrirá las puertas a decenas de nuevas condenas en instancias internacionales y arrestos y juicios de peruanos en el extranjero, frente a la evidente imposibilidad de hacer justicia en nuestro país.
Anunciamos que como ciudadanos y ciudadanas nos movilizaremos para evitar este atropello contra nuestra democracia y que enfrentaremos estos arbitrarios decretos por todas las vías que nos deja abiertas el estado de derecho.
Lima, setiembre del 2010
Felix Reategui
Eduardo Gonzalez
Javier Torres Seoane
Julio Gómez
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