Flautista encandila roedores en el poder judicial / juicios a Manuel Dammert y Juan C. Tafur por difamación / artículo de César Lévano

Bajo amenaza / César Lévano / La Primera
El periodismo, sobre todo el crítico y de oposición, está siempre amenazado en un país como el Perú, en el que hasta hay periodistas subterráneamente a sueldo del poder.Manuel González Prada señaló el caso de un hombre de prensa que, según el gran rebelde, no preguntaba: “¿qué?”, sino “¿cuánto?”. Don Manuel sabía que la venalidad era un mal del sistema. En estos días están a punto de resolverse en el Poder Judicial dos casos que se refieren directamente a la libertad de expresión y de información. Uno es el de Manuel Dammert, enjuiciado por Pedro Pablo Kuczynski debido a que acusó a éste de servir intereses personales y de grupo cuando ejerció la presidencia del Consejo de Ministros.El otro es el que pesa sobre Juan Carlos Tafur, a quien la jueza del Cono Norte de Lima Nancy Sánchez Hidalgo ha enjuiciado por supuesto delito de difamación.La acusación se basa en que Tafur era director de un diario que informó de un hecho real: la jueza mencionada había decretado la libertad de Manuel Ángel Dávila Tiznado (a) MacDonald, procesado por narcotráfico.En enero de 2003, el cotidiano que dirigía Tafur dio cuenta de la resolución por la cual la magistrada modificaba a favor de Dávila su mandato de detención por el de comparecencia.Después, del paradero de Dávila nunca más se supo.Las noticias sobre este caso fueron veraces. Como son veraces las informaciones y opiniones de Manuel Dammert respecto del papel de PPK, quien instrumenta el poder político a favor de intereses privados, en particular foráneos, que afectan la economía y las posibilidades de desarrollo del país, en cuanto a gas y puertos.Los dos casos próximos a ventilarse conciernen no sólo a las personas. Involucran cuestiones de principio para el periodismo y de doctrina para el Derecho.Existe en la jurisprudencia y en las normas nacionales e internacionales la exceptio veritatis (la prueba o excepción de la verdad). La jurista peruana Betzabé Marciani Burgos recuerda al respecto, en su medular libro El Derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes (Palestra Editores, Lima, 2004), que el derecho constitucional a la libertad de información “debe ser entendido como un derecho a transmitir y acceder a la información verdadera o exacta”.En el prólogo al libro, el profesor de la Universidad Católica Gorki Gonzales apunta que Marciani “reconoce la influencia de los espacios de la política y la moral” en el desarrollo de los derechos e instituciones públicas de la democracia. De eso se trata. Por eso hay que prestar atención a los casos judiciales mencionados, en momentos en que se encrespan el autoritarismo, la corrupción y la mentira.