"...el general Carlos Torres Rodríguez ordenó a Gonzales Campana deshacerse de los cadáveres arrojándolos desde un helicóptero en la selva."
Mientras en Lima continúa el megajuicio por los crímenes de la universidad La Cantuta (y Barrios Altos); en Huancayo, los familiares de los muertos y desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro del Perú se preguntan: ¿será cierto que justicia, solo en el cielo?
Por Wilber Huacasi / copiado del blog http://huancayorktimes.blogspot.com/
"... En abril de 1993, el embajador de EEUU, Charles Brayshaw, reportó ante la Secretaría de Estado de Washington de una nota anónima que circulaba en Lima y cuyos autores se identificaban como oficiales militares interesados en la justicia y los derechos humanos. Se trataba del grupo denominado “León Dormido”, el mismo que con acierto había informado con lujo de detalles el asesinato y entierro de los nueve estudiantes y el catedrático de La Cantuta.
En esta nota anónima se acusaba al general Carlos Torres Rodríguez “de dirigir los secuestros, tortura y ejecuciones de 31 estudiantes universitarios en Huancayo en 1992”(8).
El documento también hace mención a un coronel de apellidos Gonzales Campana quien —precisa— “organizó varios cuadrillas de secuestro y ejecución”. De manera sistemática, estas cuadrillas habrían “secuestrado, torturado y asesinado a los estudiantes”. Los cadáveres fueron arrojados entre Jauja y Huancayo con la apariencia de haber sido victimados por Sendero Luminoso.
Sin entrar en detalles, el mismo documento agrega que los cuerpos de ocho estudiantes “fueron tirados desde un helicóptero en la selva, entre San Ramón y La Merced”.
En junio de 1993 circuló un segundo documento anónimo del denominado “León Dormido”, el mismo que generó un nuevo reporte del embajador Brayshaw(9).
“Los aproximadamente 31 estudiantes de la Universidad del Centro que desaparecieron entre julio y octubre de 1992 en Huancayo fueron torturados por agentes secretos antes de ser ejecutados”.
El nombre de Gonzales Campana nuevamente es citado como líder de una brigada de la muerte. Éste habría dispuesto separar a los estudiantes para ser llevados a diferentes bases (Concepción, Chupaca, Sapallanga y Chongos Bajo). Los universitarios habrían sido colocados en fosas profundas sin ropa, alimentos o agua. Al amanecer habrían sido llevados a zonas aisladas del campo para ser maltratados físicamente. Luego de los interrogatorios venían las ejecuciones.
Tras el reclamo de la fiscal en temas de derechos humanos de entonces, Imelda Tumialán, por los secuestros y los cuerpos que aparecían al borde de las carreteras, el general Carlos Torres Rodríguez ordenó a Gonzales Campana “deshacerse de los cadáveres arrojándolos desde un helicóptero en la selva”. Un tercer nombre surge como protagonista de estos hechos: Eduardo Ríos Villarán, (a) “Gusano”, quien en su condición de piloto habría sido el encargado de realizar los viajes aéreos hacia la selva.
En total son cinco los documentos desclasificados relacionados al caso UNCP. En dos de ellos se hace alusión a la poca voluntad política del gobierno de turno para el esclarecimiento de estos hechos..."
